España pide a la Comisión Europea un objetivo climático ambicioso para 2040
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España es uno de los 11 estados miembros firmantes de una carta que demanda acciones concretas para la reducción de emisiones, que reafirmen a la UE como líder global y envíen una fuerte señal política a otros grandes emisores.
España, junto con Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, Austria, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Irlanda y Bulgaria, han enviado una carta a la Comisión Europea para subrayar que “la necesidad de una acción climática global ambiciosa nunca ha sido más evidente que en estos momentos. 2023 resultó ser el año más cálido registrado, y el calentamiento global intensificará una serie de efectos adversos que pondrán en riesgo el bienestar y la seguridad del mundo”.
Según los firmantes de la misiva, los compromisos de la UE deben traducirse en “acciones concretas y ambiciosas para enviar una fuerte señal política que afirme que la UE predicará con el ejemplo para convencer a otros grandes emisores de que sigan la misma senda y garanticen las contribuciones necesarias para mantener vivo el 1,5°C de manera adecuada antes de la COP30”.
Y, por ello, “animamos encarecidamente a la Comisión Europea a que en su próxima comunicación recomiende un objetivo climático ambicioso para la UE para 2040”.
Al mismo tiempo, “se debe garantizar una implementación adecuada del paquete legislativo Fit for 55, que refuerce la credibilidad de la UE en el escenario internacional a la hora de demandar a otros actores la misma ambición climática”.
Para los países que han enviado la carta, la comunicación de la Comisión debería permitir a la UE comunicar a principios de 2025, antes de la COP30 una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) con la ambición europea a 2035. Asimismo, un objetivo ambicioso también contribuirá a la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
Pero, “para liderar el camino debemos garantizar que la acción climática sea una oportunidad para todos”, señalan los firmantes, que añaden que, “por tanto, la transición verde debe seguir siendo económicamente viable, tener costes manejables y no dejar a nadie atrás, especialmente a los ciudadanos más vulnerables”.