El Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera para combatir el CO2 en las fronteras de la UE
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El sistema propuesto por la Comisión Europea en 2021 ha superado la tramitación legislativa y ha entrado en funcionamiento en el mes de octubre, aunque de momento en una fase de pruebas que no finalizará hasta 2026.
El mes pasado entró en funcionamiento el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), concebido por la Comisión Europea en 2021 para proteger a las empresas de la Unión gravando la importación de productos que hayan generado en su fabricación más CO2 del permitido en Europa. Hasta 2026, el mecanismo se encuentra en período de pruebas.
Como recuerda el artículo de Javier Albisu, corresponsal de EFE en Bruselas, solo países como China, Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur, México, Kazajistán o Nueva Zelanda tienen un régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) similar al de la Unión Europea. A los que hay que sumar Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que también forman parte de del ETS.
Durante la fase de pruebas, el mecanismo se centra en la producción de hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad e hidrógeno y algunos productos derivados y obligará a los importadores de estas mercancías a presentar informes trimestrales con la cantidad de bienes importados, el país de origen (y si tiene impuesto al CO2), y las emisiones directas e indirectas.
Después de la fase de pruebas, los importadores tendrán que comprar certificados para cubrir las emisiones declaradas en función del precio del CO2 en el mercado ETS, o bien la media del 10% de las plantas más contaminantes de su sector en Europa. También se ampliarán las mercancías a las que afecta, incluyendo productos como químicos y polímeros.
Para que la medida no choque con las normas de la Organización Mundial del Comercio, se irán retirando los permisos gratuitos de emisión de algunas industrias europeas. La medida no ha sentado igual de bien en todo el mundo. En Bharat (India), aplicarán el principio de reciprocidad creando su propio arancel al CO2.
Según los cálculos de la Comisión Europea, el mecanismo podría llegar a recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de euros al año. Unos fondos que acabarían en los presupuestos de la Unión Europea, así como en los Estados miembros, destinados a sus políticas climáticas.
