La inversión masiva en infraestructura es necesaria para construir la resiliencia al cambio climático

El informe Infraestructura para un Futuro Resiliente al Clima, lanzado hoy durante el Foro de Infraestructura de la OCDE, recomienda a los gobiernos incorporar sistemáticamente la resiliencia climática en la planificación y toma de decisiones de infraestructura, incluyendo la priorización de proyectos sostenibles, para ayudar a reducir la vulnerabilidad social y económica y evitar costos a largo plazo. Las medidas de resiliencia climática también pueden proteger el retorno de la inversión, garantizar la continuidad del negocio y respaldar el crecimiento económico y el desarrollo continuo. En la conferencia más reciente de la ONU sobre Cambio Climático (COP28), los países se comprometieron a aumentar la resiliencia de la infraestructura para 2030. Los países necesitarán tomar medidas para abordar esto, con los gobiernos regionales y locales desempeñando un papel esencial, siendo responsables del 69% de la inversión pública significativa para el clima en los países de la OCDE.

Las inversiones necesarias para aprovechar estas oportunidades son significativas: según análisis de la OCDE, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se necesitará una inversión anual de 6.9 billones de dólares en infraestructura para 2030 para garantizar que la inversión en infraestructura sea compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Paralelamente, los activos de infraestructura representan una parte importante de los daños económicos, con las pérdidas económicas por desastres aumentando siete veces entre los años 1970 y 2010, de un promedio de USD 198 mil millones a USD 1.6 billones. Esto, a su vez, multiplica las pérdidas (por ejemplo, ingresos perdidos) para las empresas cuyas operaciones se ven interrumpidas.

Los países en desarrollo están significativamente más expuestos a desastres relacionados con el clima, especialmente los países menos desarrollados (PMD) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), entre 10 y 30 veces más que los países de la OCDE. Se enfrentan a una importante escasez de recursos y mayores costes financieros, lo que dificulta su capacidad para construir infraestructura de calidad. Para abordar sus desafíos, el informe muestra la necesidad de nuevas formas de asociaciones internacionales y una mayor movilización de recursos por parte de los bancos de desarrollo. Además de las necesidades financieras, el informe también señala la efectividad de las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, utilizando manglares o arrecifes de coral para reducir los riesgos de inundaciones costeras o marejadas ciclónicas, en proporcionar medidas rentables para proteger los activos y servicios de infraestructura.